CARTELERA INFORMATIVA QUE COLABORA CON EL RESTABLECIMIENTO DE LA EFECTIVA VIGENCIA DE LA
CONSTITUCION DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - ARTICULO 333
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De la Pluma del amigo Luis Marín

Las Tiranías se derrocan o no se derrocan:
FALSA REFORMA

En un caso, los tiranos se van con sus maletas llenas de dólares; en el otro, permanecen en el poder hasta la muerte.
Los venezolanos ya hemos vivido ambas situaciones. Ya desprovistos del mecanismo del voto para cambiar de
gobierno, tenemos el reto de buscar el camino para alcanzar el imperio de la Ley, el único imperio del que deberíamos
ocuparnos.


Que se trata de una nueva constitución y no de una reforma de la anterior es algo que percibe cualquiera, por desprevenido que
esté.   No obstante, la propaganda del régimen es tan atosigante, que algunos de los que dicen oponerse usan la retórica oficial
llamando al "no a la reforma", cuando deberían decir: "no a otra constitución".

Las constituciones pueden modificarse de dos maneras: mediante enmiendas, que suponen cambios no substanciales; y
reformas, que implican importantes cambios, pero que permitan decir que todavía se está ante la constitución anterior, o sea, que
se mantiene dentro del mismo sistema político vigente.

Es completamente obvio que si se pasa de un sistema republicano a otro de monarquía absoluta, no se está ante una reforma
sino ante un cambio de constitución. Llamarlo falsamente "reforma" es una manera de darle visos de legalidad, como si se tratara
de un proceso previsto en la misma constitución. También es evidente que la constitución de 1999 no contempla esta vía
ejecutiva para cambiar la constitución. Por eso se ha agregado como nueva atribución del presidente la iniciativa constitucional.
Una clara confesión de que no tenía una atribución que, no obstante, está ejerciendo. Él mismo dijo (en una frase sumamente
extraña para un hombre) que "parió" la nueva constitución.

Este hecho es tan notorio que la oposición colaboracionista ha llegado al extremo de proponer que se convoque a una Asamblea
Constituyente, para darle un ropaje más presentable a la usurpación, aunque siga siendo inexplicable para qué querría la
oposición que se cambie la constitución y de qué manera favorece esto al pueblo venezolano.

Sólo hace falta un poquito de sentido común para darse cuenta de que cuando se pasa de una situación a la diametralmente
opuesta, no se puede hablar del mismo objeto reformado, sino más bien de otro objeto. Por ejemplo, en lo que han llamado "el
caramelo" de la nueva constitución: el paso del situado constitucional de un máximo del 20% del total de ingresos del fisco, a un
mínimo del 25%, es pasar de establecer un techo a establecer un piso.

En el caso del Banco Central, donde decía "con autonomía", ahora dice "sin autonomía". La frase que dice "no estará
subordinado a directivas del Poder Ejecutivo y no podrá convalidar o financiar políticas fiscales deficitarias", es eliminada. Ahora
estará subordinado al Ejecutivo y podrá financiar políticas fiscales deficitarias.   ¿Puede considerarse eso como una reforma?

Las FFAA que eran apolíticas y no beligerantes ahora son "bolivarianas" y tienen esa curiosa consigna "socialismo o muerte".
¿La muerte de quien? Cabe preguntarse. Pero si no estuviera claro, en lugar de la cooperación en el orden interno, ahora se les
atribuye en su misión de defensa de la nación "preservarla de cualquier ataque externo o interno". Esto es la elevación de un
indefinido "enemigo interno" a rango constitucional. La Fuerza Armada Bolivariana, cuerpo esencialmente popular y
antiimperialista, incluye dentro de su doctrina militar bolivariana "la guerra popular de resistencia".  ¿Esto es reforma?

De manera que el primer error del colaboracionismo es llamar a votar "NO a la reforma", porque no hay tal reforma, es una nueva
constitución. Hablar de reforma es asumir el punto de vista de la retórica oficial y ya es un acto de traición, porque presupone un
proceso legítimo o constitucional.

Otro error, peor que el anterior, es poner un sí condicional: "Si esto se aprueba" pasará tal y tal cosa.   Engaño vil e interesado,
porque aquí el pueblo no tiene nada que decidir, en dos sentidos. Primero, en que la constitución ya fue aprobada con el único
voto válido en un régimen personalista, el voto del caudillo.   Segundo, en que ya está en plena aplicación, no solo en los ejemplos
puestos más arriba, sino en todos sus aspectos esenciales, como el ya habitual desconocimiento de la propiedad privada sobre
bienes que no sean de uso y consumo, la ocupación previa de inmuebles mediante invasiones, confiscación de fincas con el
argumento de ser latifundios, aunque nunca se ha definido en forma definitiva qué extensión de tierra se considera latifundio, la
privación de derechos humanos como la libertad de conciencia, pensamiento, expresión, de organización y manifestación, con el
objeto de imponer una ideología socialista y un partido único socialista.

Pero yendo más al fondo, el pueblo no tiene nada que decidir porque lo que se somete a consideración y quiere ponerse en
discusión son derechos inherentes a la persona humana, que no son renunciables. En definitiva, son indecidibles.

El chuzo que se le quiere meter a la sociedad venezolana es que se puede elegir no ser libres, que la propiedad privada es
discutible, que la educación de nuestros hijos es función del Estado. A lo que cabe una sola respuesta: tantos venezolanos no
seremos comunistas, ni que lo diga la constitución.

El NO es mucho más profundo y radical que un simple acto de votar, es una actitud ante la vida, una posición de principios, de
manera que no importa la actitud unilateral del régimen, que solamente está poniendo a prueba su menguada capacidad de
movilización. Trata de mostrar en qué medida la sociedad venezolana ya está sometida a un poder omnímodo y unipersonal.   Allí
nadie que sea de oposición tiene nada que buscar, como se ha demostrado en esas intervenciones chaplinescas de algunos
colaboracionistas que se han creído el cuento de que ellos también tienen espacio en la "nueva sociedad".

Una auténtica oposición tiene que deslindarse también del CNE que no puede dar muestras más evidentes de que es un
organismo rojo-rojito, alineado con la llamada revolución. Si no fuera suficiente que sus anteriores presidentes ahora son
magistrado del tribunal supremo de justicia, uno y vicepresidente, el otro, bastaría recordar la actitud que mostraron públicamente
una vez que dieron sus resultados en las elecciones de diciembre pasado: se levantaron de sus puestos, se abrazaron y besaron,
mientras pasaban en los monitores imágenes de la campaña del caudillo. ¿Tendrían películas de Rosales para el caso de que
éste hubiera ganado las elecciones?   Los colaboracionistas ignoran esta pregunta. Pero algo queda claro: esos funcionarios
tienen interés manifiesto en que el régimen se mantenga, porque vinculan a su permanencia la posesión de sus cargos, por
cierto, muy bien pagados.

Y en este punto se pone de manifiesto otra traición del colaboracionismo.  Ellos han aceptado convertir al CNE en un árbitro.   
Ocurre que en derecho un árbitro es un tercero en que las partes contendientes delegan la decisión de una controversia, para que
decida a su leal saber y entender, con fuerza vinculante para todos.   Se ha dicho y repetido a los cuatro vientos que: ¡Ahí está el
árbitro! ¡Que decida el árbitro!  Como si esto fuera un juego de fútbol o béisbol.

Ocurre que en general y en sano derecho público, un consejo nacional electoral no puede ser árbitro, ni puede decidir el
resultado, porque se supone que la decisión es de los electores. El organismo electoral tiene que limitarse a ser un mero
tramitador, para que esa decisión se materialice. Y esta tarea debe realizarla con la mayor transparencia e imparcialidad, para
que lo que emerja de ella sea la pura voluntad popular, sin mediaciones. Si hace otra cosa, si decide en cuanto al resultado, se
está excediendo en sus funciones electorales, suplantando una decisión que es exclusiva de los electores, del pueblo.

Esta aceptación del CNE como árbitro lo que pone en evidencia es que existe un pacto de arbitraje entre la oposición
colaboracionista y el régimen. Con este pacto ambos traicionan la voluntad de los electores, que se ven privados de su derecho a
elegir, ahora puesto en manos de un árbitro parcializado, nada transparente y menos aún confiable.

Los partidos Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia han traicionado al electorado, por lo que carecen de autoridad para llamarlo a
votar, con el añadido de que al poner las decisiones sobre quien gana una elección en manos del CNE, quizás sin advertirlo,
dejaron sin poder a los votantes.   Ahora no importa quien vote, ni como vote, porque la decisión es del CNE.

En este contexto resulta de lo más natural que la nueva constitución diga que el poder popular "no nace del sufragio ni de elección
alguna".   Porque como en todos los otros casos anteriormente citados, esto ya es un hecho, es aplicación inmediata de la nueva
constitución.  De manera que como siempre se confirma, pactar con el Diablo es el camino más directo al infierno.

Rosales ha tenido cierto éxito político sin ningún vuelo intelectual; Petkoff cierto vuelo intelectual sin ningún éxito político; Borges
no tiene ni éxito ni vuelo. Lo único que le queda al colaboracionismo es cierta izquierda que teme más a un supuesto golpe de
derecha que a todos los muy reales golpes del régimen, más ciertos funcionarios que quieren conservar sus ilusorias parcelas de
poder.

Todos están perdidos. Las tiranías se derrocan o no se derrocan.  En un caso, los tiranos se van con sus maletas llenas de
dólares; en el otro, permanecen en el poder hasta la muerte. Los venezolanos ya hemos vivido ambas situaciones. Ya
desprovistos del mecanismo del voto para cambiar de gobierno, tenemos el reto de buscar el camino para alcanzar el imperio de
la Ley, el único imperio del que deberíamos ocuparnos.


29-09-07



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y Jamás seremos
como el Ché
con Legitima
Defensa
Así nos quieran
Callar
Cualquier Persona
Sociedad Civil
Seremos Libres
HUGUITO EN
SABANETA


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y Resistencia
Civil


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